La Provincia debe aprobar la central nuclear

Lo establece la legislación nacional. Hay proyectos para crear mecanismos de participación como la audiencia pública y evaluación de impacto ambiental.

La instalación de la central nuclear en Río Negro requerirá de la formal aceptación del Estado provincial. Esta autorización está prevista en la ley nacional de Actividad Nuclear aunque ya existen proyectos y presentaciones para que haya mayor participación de la ciudadanía rionegrina en la resolución.

La intervención provincial está prevista en el artículo 11 de la ley 24.804, promulgada de 1997, y esa facultada fue remarcada por el chubutense Pablo Palicio Lada, un experto y opositor a la actividad nuclear, que alentó a los rionegrinos para que reclamen a legisladores y autoridades provinciales para la utilización de ese instrumento.

Simultáneamente, la diputada María Emilia Soria elevó un proyecto para profundizar esa actuación, sumando instrumentos de participación, como la Audiencia Pública en Río Negro.

Por su parte, la senadora Magdalena Odarda entiende que el tema deberá volver al Congreso Nacional, aludiendo a la existencia ahora del “acuerdo definitivo” con China, que comprende las construcciones de las dos centrales nucleares, entre ellas, la de Río Negro. Recuerda la inicial aprobación del “convenio de cooperación” en diciembre del 2014 (Senado) y en febrero del 2015 (Diputados), y resalta que fue “la única” de los representantes de Río Negro que lo rechazó.

En la Asamblea Antinuclear realizada en Viedma, Palicio Lada, un “activista no técnico” –como se define–, informó de la participación prevista por la ley 24.804. Recordó que ese espíritu se generó a partir de los reclamos contra el basurero nuclear de Gastre.

Qué dice la ley

La norma –con orígenes en la reforma constitucional de 1994– establece que “todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante deberá contar la licencia de construcción que autorice su localización, otorgada por la Autoridad Nuclear con la aprobación del Estado provincial donde se proyecte”. Palicio insistió en la utilización de esa facultad para exigir la opinión y oposición de la Legislatura.

La diputada y candidata a la reelección Soria promocionó en esa asamblea su proyecto para incorporar la “evaluación de impacto ambiental” y la realización de una audiencia pública en la provincia. Advirtió que su no realización será “causal de nulidad de la licencia de construcción”.

Ese proyecto –que, entre otros diputados, también firman los rionegrinos Silvia Horne y Claudio Doñate– modifica el artículo 12 que ya establece iguales exigencias de autorizaciones para los repositorios para residuos de alta, media y baja actividad.

Se agrega también “estudios de impacto ambiental”, requiriendo detalles de su origen, como además, “la cantidad, la estimación de las emisiones, evaluación de los efectos previsibles”, la “descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan considerado”, y entre otros, la “programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar durante su funcionamiento o emplazamiento final”.

Todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante deberá contar con la licencia de construcción que autorice su localización.
Lo establece la ley 24804. Añade que la licencia la entrega la Autoridad Nuclear “con aprobación del Estado provincial donde se proyecte”.